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Desde esta Convención, más de 250 Áreas Protegidas han sido designadas "sitios naturales del Patrimonio Mundial", cubriendo juntas una superficie mayor que la India. Un tercio de esos sitios se encuentra en territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas (IWGIA, 2014). Según los testimonios que hemos recogido, en algunos de estos sitios no solo ya se producían violaciones de derechos humanos en el momento de su inscripción, sino que con frecuencia estos abusos empeoraron después. Los pueblos indígenas son expulsados. Etiquetar como "natural" un territorio habitado desde hace generaciones equivale a borrar del papel a quienes lo han moldeado, cuidado y protegido, y justifica su expulsión para preservar la ilusión de una naturaleza virgen, sin seres humanos. Y sus formas de vida son criminalizadas. La UNESCO no se limita a conceder una etiqueta. Envía expertos, emite recomendaciones, produce informes. Y esos informes hablan una y otra vez de "amenazas" al patrimonio considerado natural: sobrepoblación, pastoreo, actividades humanas. Ese lenguaje tiene consecuencias políticas directas: hay gobiernos que expulsan comunidades, restringen la agricultura o prohíben el pastoreo para conservar u obtener la etiqueta.
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